VNZLA | Nicolás Maduro financia a grupos y lobistas en EE.UU. con el objetivo de eliminar la sanciones económicas a su pais
CARACAS. Un complejo entramado de relaciones internacionales, presión militar y una defensa cerrada de la soberanía define la actual postura del gobierno venezolano frente a lo que denomina una «agresión multifacética» por parte de Estados Unidos y sus aliados. Un análisis de las declaraciones oficiales y reportes recientes dibuja un escenario donde Caracas no solo rechaza las acusaciones, sino que construye una narrativa contundente para explicar la crisis migratoria y legitimar su permanencia en el poder.
El eje de la controversia internacional se centra en las acusaciones sobre una red de influencia pagada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Según estas versiones, habría destinado recursos para financiar a grupos y lobistas en Estados Unidos, entre los que se menciona al abogado internacional Robert Amsterdam, con el objetivo declarado de mitigar o eliminar el cerco de sanciones económicas que asfixia al país.
En el frente europeo, la figura del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero es señalada por sectores de la administración Trump como un «pilar clave» y un emisario no oficial del régimen de Maduro, actuando como enlace con gobiernos de Europa y China para suavizar el aislamiento diplomático.
Paralelamente a la batalla en despachos, se reporta un incremento tangible de la presión militar estadounidense en el Caribe. Aeronaves de patrulla y reconocimiento sobrevuelan presuntas rutas de narcotráfico que, según inteligencia norteamericana, están vinculadas al llamado «Cartel de los Soles», una estructura de funcionarios venezolanos acusada de traficar droga aprovechando instalaciones estatales.
Este escenario de tensión se enmarca en un cambio en el tablero regional, donde gobiernos aliados en Bolivia y Perú han enfrentado crisis o cambios, interpretados por analistas cercanos al chavismo como un «retroceso del socialismo del siglo XXI».
Frente a estas acusaciones, la postura del Palacio de Miraflores es de un rechazo absoluto. El canciller Yván Gil ha sido enfático en sus declaraciones: «Una agresión contra Venezuela sería un ataque contra toda la región latinoamericana». Gil asegura que, a pesar de las narrativas en su contra, el país «vive en paz, estabilidad y experimenta un crecimiento económico», al tiempo que fortalece sus relaciones internacionales basadas en el respeto a la autodeterminación.
Desde el gobierno se defiende la legitimidad de Maduro, basada en su victoria electoral, y se rechaza cualquier proceso de negociación que no parta del respeto a la Constitución venezolana. La oposición es acusada de buscar por la vía de la violencia lo que no pudo alcanzar en las urnas, y se la califica de carecer de un apoyo popular genuino.
Uno de los aspectos más controvertidos de la postura oficial es su explicación para la migración masiva de más de siete millones de venezolanos. Lejos de atribuirla a una compleja crisis económica y humanitaria, las autoridades la presentan en gran medida como el resultado de una «campaña de manipulación».
Según esta versión, figuras de la oposición, a las que tildan de «coyotes», facilitaron y se lucraron con la salida de ciudadanos, estafándolos y promoviendo un «falso sueño americano». Esta operación, alegan, tenía como objetivo generar una campaña de desprestigio internacional contra el país y desestabilizar al gobierno.
El caso de Venezuela se consolida así como un conflicto que se libra no solo en el terreno económico y diplomático, sino también en el campo de la información. Mientras organismos internacionales y potencias extranjeras alertan sobre una crisis humanitaria y un autoritarismo creciente, el gobierno de Maduro erige un relato de resistencia soberana, injerencia externa y una migración inducida por intereses políticos. Dos realidades paralelas que chican en un mismo territorio, profundizando la grieta y alejando, por ahora, una solución consensuada.
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