En el informe final del diagnóstico hecho a la institución, entregado este lunes al presidente de la República, Luis Abinader, se destaca que requiere principalmente de mayor formación y recursos que dignifiquen a sus miembros.

Al respecto el mandatario dijo que se continuará con el plan de aumentos salariales a los agentes para mejorar su calidad de vida.

Sostuvo que esos incrementos, iniciados desde el pasado año y que continuarán en el 2022, también servirán como incentivo para que personas se motiven a ingresar a las filas policiales. Entre los principales hallazgos hechos por la comisión figuran: la ausencia de un régimen de control, especialmente de tipo externo; falta de estructuración de las compensaciones salariales; el centralismo excesivo de la actuación policial; recursos insuficientes; formación académica y procedimental deficiente; enfoque erróneo del uso de la fuerza de cara a los derechos humanos; necesidad de fortalecimiento de la carrera policial y el escalafón; falta de estructuración de perfiles de ingreso y necesidad de enfoque de cultura policial al servicio de la ciudadanía, entre otros.

Estos de acuerdo al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y coordinador del grupo de trabajo, Servio Tulio Castaños son aspectos que evidencian el descuido al que desde el Estado ha sido sometida la Policía Nacional históricamente.

En tanto que entre las recomendaciones figura: el fortalecimiento de la carrera policial; la estructuración del régimen de compensaciones; la revisión del carácter de los denominados “especialismos”; la adecuación de los procedimientos disciplinarios a los principios del debido proceso; veeduría ciudadana regulada mediante comisiones independientes; perfiles de ingreso con mayores criterios; evaluación de desempeño como herramienta definitoria de ascensos e incentivos; la dignidad humana como principio rector del uso de la fuerza; mayores niveles de transparencia.

Asimismo, entre las recomendaciones normativas se concentraron los esfuerzos en la revisión y elaboración de los reglamentos que establece la ley 590-16 que pese a tener más de cinco años de haber sido promulgada no se aplica en su totalidad a causa de esas deficiencias.

En ese aspecto el informe señaló que los que tienen menor formación son los más propensos a delinquir, resaltando que muchos no completan el periodo requerido para su ingreso.

“El entrenamiento de los rasos dura seis meses, pero en muchas ocasiones, son requeridos al servicio sin siquiera haber cursado tres meses de capacitación. Eso significa que se han enviado a la calle policías armados sin la debida formación (…) Un dato importante que salió a relucir es que los policías que delinquen en su mayoría son de los casos en que no han cumplido con el entrenamiento”, indica el informe.

En ese sentido destaca que la sugerencia ofrecida por los entrevistados fueron, entre otras, que en el proceso de selección se deben realizar pruebas que midan los tipos de habilidades y que detecten problemas graves de conducta, así como asegurar que los seis meses de entrenamiento sean estrictamente cumplidos.

Los comisionados destacaron que el nivel de confianza de la población hacia la Policía llegó a niveles precarios por una serie de acontecimientos que conmocionaron a la sociedad en los que se han visto involucrados miembros de esa institución.

Una de las reflexiones del informe es que “una verdadera reforma integral de la policía debe sostenerse en el componente educativo. No pueden formarse buenos agentes sin que cumplan el proceso completo de formación”.

Sobre el poco entrenamiento, el informe dice que el bajo nivel educativo y de formación de los policías se revelaron en un “diálogo abierto y sincero con los responsables del área de Recursos Humanos” de la institución que tiene a su cargo trabajar en establecer el orden.

Otro de los puntos que salen a relucir es que “los policías no se ven a sí mismos como servidores públicos” y que existe una falta de motivación entre los jóvenes para formar parte de esa entidad ha provocado una baja en el ingreso de rasos.

El grupo de trabajo estaba constituido por Servio Tulio Castaños, quien lo preside, Radhamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, Ricardo Nieves y José Luis Mendoza.

También Osvaldo Santana, monseñor Francisco Ozoria, Fidel Lorenzo, Mu-Kien Sang Ben, Héctor Guerrero Heredia, Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López Hilario, Fausto Mejía, Francisco José Torres, Carolina Santana, Manuel María Mercedes y Elena Viyella.